Marco Antonio Tinoco Álvarez reflexiona sobre la reforma del PJ

QUERÉTARO, Qro, 5 de julio de 2024.-En su reciente columna para la revista Siempre, Marco Antonio Tinoco Álvarez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, ofreció un análisis detallado sobre la situación y la evolución del Poder Judicial en México, destacando tanto su experiencia personal como su visión crítica respecto a las reformas y el estado actual de la judicatura.

Tinoco Álvarez recordó su tiempo al frente del Instituto para la Capacitación y Profesionalización de la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán en 2012. Relató que, durante su primer encuentro con el Procurador, solicitó dos cosas esenciales: libertad en sus horarios y autonomía en la selección de colaboradores y personas a evaluar en los cursos. Ambas peticiones fueron respetadas, y destacó que las evaluaciones eran realizadas por instituciones reconocidas como Ceneval y academias de Setec.

En su análisis, subrayó la respuesta del Poder Judicial Federal a la reforma propuesta, recordando que en 2006, el Consejo Económico y Social de la ONU, a través del relator especial Dato’ Param Coomaraswamy, emitió un informe sobre la independencia del Poder Judicial. Este informe, que contenía recomendaciones a diversos actores judiciales y legales, generó una respuesta airada del Poder Judicial mexicano.

Tinoco Álvarez destacó que en 1995 la Constitución sufrió un cambio profundo que implicó la jubilación forzosa de la mayoría de los Ministros para designar nuevos. Antes de esta reforma, jueces y magistrados eran designados por el Pleno de la Suprema Corte, conformada por 21 Ministros en cuatro salas. Con la creación del Consejo de la Judicatura, se introdujo un sistema de evaluación y selección de personal y una escuela judicial. Sin embargo, señaló que esta última no ha sido objeto de estudio y evaluación adecuados en los últimos 20 años, lo que afecta la transparencia en la designación y formación del personal judicial.

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán cuestionó la eficacia del modelo actual de formación judicial en México. Describió dos modelos principales de formación de jueces: el tutelar y el de escuela. El primero se basa en la experiencia práctica y la escalada de jerarquías mediante el desempeño, mientras que el segundo requiere la realización de cursos y evaluaciones rigurosas, tanto teóricas como prácticas. Según Tinoco Álvarez, México aún no ha terminado de construir su modelo de escuela, lo que representa un desafío para la evaluación y selección del personal judicial.

El proceso actual para aspirantes a jueces, que incluye la memorización de tesis y la evaluación por un jurado, no garantiza la calidad de las resoluciones ni la cercanía del personal judicial con la sociedad. Tinoco Álvarez planteó la necesidad de una reforma integral que contemple no solo al Poder Judicial Federal, sino también a los poderes judiciales de los estados y otros tribunales especializados.

Finalmente, hizo un llamado a los poderes judiciales para abrirse al debate público y concebirse como parte integrante de la sociedad, destacando la corresponsabilidad de jueces y magistrados en la realidad social. Este enfoque, según él, es crucial para que sus resoluciones impongan nuevos modelos de relaciones interpersonales e institucionales.