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MÉXICO, 23 de junio 2023- El Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó que, tal como lo había definido el gobierno federal, las empresas agrícolas de exportación no pueden subcontratar a jornaleros y jornaleras y están obligadas a acatar las reglas de inspección laboral emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Esta resolución quedó asentada en una jurisprudencia, es decir, un criterio jurídico que todos los juzgados están obligados a acatar. El PJF estableció que, de permitirles lo contrario, éstas pudieran incurrir en evasión de impuestos al no pagar la seguridad social del personal. Y tal cosa iría “en detrimento del Estado”.
El esquema de subcontratación ha sido utilizado para evadir el pago de salarios justos, seguridad social y otras prestaciones que debe tener todo empleo digno. Con dificultades y tras un largo proceso de negociación, en 2021 el Congreso reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT) y limitó dicho modelo.
La información en El Economista