Un vecino distante, desconfiado y colérico nos vigila
RICARDO ALEMÁN
En los gobiernos del viejo PRI, el llamado “año de Hidalgo” se convirtió en una de las parodias ciudadanas más eficaces para denunciar la corrupción de los servidores públicos, en el quinto año de gestión.
Es decir, que la llegada al año cinco de todo sexenio, era motejada como “el año de Hidalgo”, por aquello de que sería un tonto –con la consabida leperada–, “el que deje algo”.
Así, el quinto año de gestión era el año del saqueo institucional, a manos llenas.
Y ay de aquel servidor público que no cumpliera con el ritual del saqueo institucionalizado porque entonces no era visto como parte de la claque política depredadora.
Hoy, sin embargo, gracias a la Cuarta Transformación hemos pasado del “año de hidalgo” al “robo por decreto”.
¿Y qué significa robar por decreto?
Poca cosa, que en el gobierno de López Obrador primero saquearon las instituciones, luego desaparecieron esas instituciones con la mayoría de Morena el Congreso de la Unión y, al final, realizan todo lo imaginable por inhabilitan y/o matar al INAI.
En pocas palabras, en el gobierno federal suponen que “muerto el INAI, se acabará la peste de la corrupción”. Así de simple y así de cínicos son en todos los gobiernos de Morena y, sobre todo, en el gobierno federal.
Pero si aún tienen dudas, el mejor ejemplo lo hemos visto en el sector salud, en donde Obrador ordenó la desaparición del eficiente Seguro Popular, para sustituirlo por ese bodrio llamado Insabi, que se llevó 500 mil millones de pesos destinados a la salud de millones de mexicanos.
Al final, en el desenfreno legislativa de la semana, se ordenó la desaparición del Insabi.
¿Pero que creen? ¡Bingo…! Que por orden presidencial no sólo desaparecieron el Seguro Popular y el Insabi, sino que se robaron los 500 mil millones de pesos.
Sí, un saqueo descomunal por decreto, avalado por la mayoría de Morena y de sus aliados en el Congreso y realizado a los ojos de todos, justo cuando el país entero estaba preocupado por la salud del presidente. Sí, una cadena impensable de casualidades.
¿Y por qué la premura de Morena en desaparecer el Insabi?
Por una razón elemental; porque no sólo se trata de uno de los mayores saqueos de la historia, sino que ya es reconocido como el mayor crimen de Estado.
¿Un crimen de Estado?
En efecto, la destrucción del sistema de salud, a través de la desaparición del Seguro Popular y del Insabi, costó la vida de casi un millón de mexicanos a causa del mal manejo de la pandemia
Un crimen de Estado en el que han participado no solo el presidente Obrador, sino todos los responsables del sector salud; crimen de Estado que, tarde o temprano los llevará a prisión.
Pero no es todo. Como parte del frenesí legislativa de los días pasados, el presidente del Senado, el morenista, Alejandro Armenta, sorprendió a propios y extraños al presentar una iniciativa para desaparecer el INAI.
Una reforma que pretende facultar a la secretaría de La Función Pública para llevar a cabo las tareas del agonizante Instituto.
Lo que al parecer no sabe el poblano Armenta, es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información es una institución soportada por la Constitución y, por tanto, su muerte no será fácil de conseguir, a pesar de la “aplanadora legislativa” del Partido Morena y su pandilla depredadora.
Pero, claro, en el caso del INAI el presidente López también tiene un “Plan B”, que ha llevado a cabo de manera efectiva. Es decir, que desde Palacio han sido vetado los nombramientos de los consejeros faltantes del INAI, para que, de esa manera, el Instituto no pueda sesionar.
Pero acaso el mayor peligro para la democracia mexicana sean los focos rojos que prendió la exacerbada militarización que se propone con el frenesí de reformas aprobadas por el Congreso mexicano no solo al vapor sino en abierta violación constitucional.
Y es que, por ejemplo, los militares estarán a cargo del Tren Maya, del espacio aéreo del país, controlarán puertos y aeropuertos; no solo se creó una nueva ley aérea a modo del interés militar sino que, en el extremo, los uniformados estarán al frente de la institución científica que se creará ante la destrucción del Conacyt.
En pocas palabras, los militares decidirán qué tipo de investigación se debe hacer en México, con qué presupuesto y qué estará prohibido investigar.
En síntesis, se crea el escenario ideal para un golpe de Estado, al tiempo que se oculta el saqueo institucional y se fortalece a los militares, que serán los custodios de la dictadura de AMLO.
Al tiempo.
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