Romper la empatía

Múltiples declaraciones, posicionamientos, iniciativas, textos y propuestas de diverso origen surgen a manera de interrumpir el curso autoritario del país. Mucho de ello se sintetiza en el señalamiento este domingo del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova: se precisa romper con la apatía para defender a la democracia.

Todo confluye en la oposición al llamado plan B de la reforma electoral. Sus efectos perniciosos sobre la institucionalidad democrática y la confiabilidad de los comicios están a la vista, además de su evidente inconstitucionalidad, reconocida también por la fracción morenista en la Cámara de Senadores. La resistencia viene de todos los frentes; la duda es si las instancias judiciales, particularmente el pleno de la SCJN, podrá revertir un proyecto que afrenta a la Constitución y a las instituciones electorales.

Romper la apatía es necesario. Así ocurre porque la fuente de la descomposición democrática se origina en el discurso mareador de las mañanas desde palacio nacional. Las palabras del presidente pervierten a la política. Lejos están de ser un ejercicio informativo o, si se quiere, una postura de debate sujeta a las elementales prácticas de civilidad. Del presidente se escuchan recurrentemente agresiones, insultos, falacias, imposturas para llevar a una grosera manipulación sin precedente en la historia política nacional.

Por ello se precisa romper con la pasividad y el silencio. No es suficiente una corriente política o de opinión que demande, reclame, defienda y promueva mejor ejercicio de la política. Tampoco es suficiente que la oposición se haya unificado para presentar un plan común para contener al autoritarismo en el plano legislativo, judicial o de debate público; los partidos y sus dirigencias no están en su mejor momento, ni cuentan con el ascendiente social que la situación demanda.

El 13 de noviembre es prueba de que la sociedad urbana ha decidido salir a la calle a defender lo suyo. Fue un acontecimiento revelador y muestra de que amplios sectores de la ciudadanía están resueltos a participar y a manifestar su rechazo al autoritarismo en curso. El presidente podrá contar con una mayoría legislativa sometida a su capricho, con un aparato partidista que no tiene el menor espacio de autonomía y de identidad que no sea la de él, con élites en connivencia con el poder, con un amplio sector de empresas de comunicación inmersas en la autocensura y la reproducción de la propaganda presidencialista. Dos acontecimientos ciudadanos revelan que el hartazgo no es marginal: los resultados de la elección de 2021 y la marcha del 13 de noviembre.

Efectivamente, es insuficiente porque el presidente no corrige, enfrenta; no acuerda, impone; no cede, acelera el paso autoritario. Entre los ejemplos, la réplica abusiva e intolerante a la marcha del 13 de noviembre o la reiteración de acabar con la institucionalidad democrática a través de una reforma legal, una vez que la iniciativa constitucional fue repudiada de forma contundente.

La expresión pública en defensa del voto y de la democracia debe hacerse presente nuevamente el 26 de febrero en el zócalo de la Ciudad de México y en las principales ciudades del país. Manifestarse y firmar la acción legal a manera de acreditar la legalidad y la confianza en la vía judicial. Es un mensaje al presidente de que el país no es de él, que la Constitución es el pacto que une a todos los mexicanos y, también, expresión para que tantos y tantos que rechazan el curso de la política nacional adviertan que no están solos, que millones de mexicanos de diversos orígenes sociales y políticos, en muchas partes del país, repudian la amenaza a la democracia nacional.

En los últimos meses se muestran signos y eventos que dan cuenta de la descomposición y la polarización provocada por el presidente, en una de sus variantes más preocupante es la acción criminal contra la libertad de expresión, a la que se acumula la agresión a la UNAM, al INE y personalidades relevantes de la vida nacional. López Obrador y su proyecto pierden terreno no sólo en la renovación de instituciones fundamentales del Estado mexicano, también ante la sociedad, que ha decidido romper silencio y defender públicamente lo colectivamente construido en bien del país y de su democracia.