Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Sección NY en La Mañanera

Una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia: Jean de la Bruyère

En estos tiempos en que desde Palacio Nacional se alienta la polarización, en que prevalecen las creencias sobre la razones y se busca conservar el impacto mediático de los dichos sobre los hechos, los mexicanos parecemos estar cautivos en un reality show matutino, donde cada día se abren nuevas secciones, ajenas a la naturaleza y facultades del presidente de la República.

Estos días las miradas están puestas en la Corte de Justicia de los Estados Unidos, y por qué no, vuelve a la escena, de Campeche, la inefable gobernadora morenista Layda Sansores, con su guerra de ta’ (mierda en maya) y rebuscada zalamería, entre otras secciones, como la de Quién es quién para exhibir a los periodistas críticos o la aún intitulada sección contra la UNAM y su rector…

Si la narrativa presidencial, influyente sin duda, fuera determinante, el asunto de las leyes secundarias electorales ya estaría resuelto y alineado a su objetivo de «transformar» un sistema político en proceso de democratización en un aparato electoral controlado por un gobierno hiperpresidencialista y autoritario. 

Pero, por fortuna para la ciudadanía, este tema es un pendiente que habrá que resolver la Suprema Corte de Justicia, la cual tendrá que detener este atentado a la Constitución. Esperemos que los 11 ministros, aún los nombrados por el Presidente López Obrador, asuman la defensa de la justicia y no se plieguen a los caprichos del autócrata que quiere inutilizar al INE como autoridad electoral confiable en el proceso electoral del 2024.

Y aquí valdría cuestionar que se mantenga en la SCJN la ministra Yazmín Esquivel, plagiaria de su tesis de licenciatura, y por tanto juez carente de la autoridad moral para ejercer su cargo. Se mofa el presidente Andrés Manuel López de que al rector de la UNAM, Enrique Graue le falta contundencia en su posicionamiento respecto al caso. Y a él, ¿qué actitud responsable le correspondería como proponente y defensor de la ministra descalificada? 

En «el juez supremo», sin duda, también debiera caber la prudencia, que le sobró al rector, a quien por cierto creo que le faltó valentía y quizá un equipo especializado para defender la autonomía universitaria de forma determinante frente a las amenazas de quien desde el 2018 ha mantenido asoladas a las instituciones dedicadas a la impartición del conocimiento, con miras a implantar un modelo amorfo e ideologizante, ignorando conceptos como calidad educativa, competencias o evaluación de saberes.

Y ya cunde la confusión y el mal ejemplo de este agitador de masas cuyo liderazgo es cada vez más cuestionable, pero cuyas acciones y opiniones han sido devastadoras para instituciones de educación superior como el Conacyt, el CIDE y, sin duda, ambiciona darle un golpe estratégico a la UNAM.

Peor y tardío fue el intento de intervenir la educación básica, opina Gilberto Guevara Niebla, quien fungió como subsecretario de educación entre 2018-2019, y renunció ante la evidencia de que López Obrador y su equipo de la 4T, sólo tuvieron claridad para echar abajo la Reforma Educativa de Peña Nieto.

«Pero no tenían proyecto educativo para sustituirla», asegura el exlíder del 68, con postgrado en París y doctorado en Londres, maestro de la UNAM, quien plasmó su decepción en el libro «La regresión educativa», editorial Grijalbo, donde menciona cómo en forma tardía este gobierno quiso cambiar los planes de estudio, realizó recortes drásticos al presupuesto educativo para concentrarlo en becas. Sin ningún requisito, improductivas, pero útiles para la generación de votos.

Con motivo de la absurda polémica, alentada por AMLO, sobre la validez de la titulación, ya varios periodistas de investigación se han dado a la tarea de examinar la currícula de los servidores públicos, y en ese campo hay indicios que sustentan crecientes dudas sobre la veracidad de los títulos que ostentan muchos de ellos. 

Hay hasta quien presumió en la tribuna no haberse titulado a propósito, «para evitar ese fraude». Me refiero a Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, cuyo comentario quiso ser oportuno para quedar bien con su amado líder. Para él y quienes se ostentan como licenciados, maestros o doctores, sin haber obtenido el título, cabe recordarles que es delito, se llama usurpación de profesiones y amerita prisión y multa.

Decía al inicio que el enjuiciamiento de Genaro García Luna en Nueva York, Estados Unidos, se ha convertido también en parte del reality show presidencial mañanero debido al seguimiento puntual del proceso público que se le sigue allá, por cargos de conspiración criminal y haber recibido sobornos millonarios por parte del Cártel de Sinaloa. 

Considero un despropósito presidencial ordenar a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, que presente una sección diaria dedicada al juicio. Aunque sea explicable porque se trata del exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, considerado por López Obrador su acérrimo enemigo.

Pero acaso no generaría pudor en cualquier mandatario de una nación independiente exponer que otro país sí pueda aplicar la justicia en contra de presuntos criminales que fungieron como servidores públicos del gobierno mexicano, cuando se exhibe que aquí campea la impunidad casi total.

Cierto, el problema viene de atrás, pero eso no lo exime de la responsabilidad por el incremento exponencial en la violencia, en número de muertos, feminicidios, desaparecidos, asesinatos de periodistas y demás cifras negras en sus cuatro y medio años de su gobierno, donde hemos constatado el fracaso del programa de seguridad pública, pese a la creciente y lamentable militarización del país.

Para prueba ahí está el caso de Ovidio Guzmán, capturado en 2019, y quien, por orden presidencial, fue liberado de inmediato. Ya en 2023 fue recapturado, pero inexplicablemente «no hay cargos» en su contra por parte de la justicia mexicana, sólo se le detuvo en un sangriento operativo –que enlutó a decenas de hogares de las víctimas–, sólo para cumplir con una orden de extradición de la Unión Americana.

Hay que reconocer que en nuestro vecino del norte sí se aplica la justicia, aunque esta sea selectiva, pues se trata de dejar claro que, en esa poderosa nación, quien actúa en contra de sus intereses, la paga, aun cuando para ello se tenga que hacer uso de testigos protegidos, peligrosos exdelincuentes que consiguen acuerdos de impunidad a cambio de rendir testimonio. Ya veremos las pruebas con que cuenta la fiscalía de Estados Unidos para encarcelar al exsecretario, cuando llegue el momento en el juicio que se espera dure varias semanas.

Hábil en eso de usar distractores a la problemática nacional, de preferencia recurriendo al pasado y/o a sus enemigos «conservadores», el gobernante mexicano justifica su interés con el argumento de recuperar los mil millones de dólares de fortuna mal habida de García Luna, dijo ayer; pero en su mañanera de este miércoles 25 de enero, se tornaron en 700 mil millones, «qué habremos de reclamar», dice. A ver con qué sale mañana y, lo más importate: cuánto de esas cantidades se recupera para el pueblo mexicano. Francamente, la administración de recursos no se le da a este gobierno.

Finalmente, habrá que esperar a ver si el INE recibe el respaldo de la Suprema Corte en cuanto a la inconstitucionalidad de las leyes electorales secundarias qué, seguramente serán analizadas y desechadas. Mientras tanto, en sus tácticas persuasivas López Obrador miente asegurando que la única razón de las controversias es por la disminución de salarios de consejeros y consejeras del INE.

Primero faltan de someterse al pleno del Senado cuatro leyes del llamado Plan B –dos de ellas, ya están en periodo de vigencia–, las pendientes seguramente se aprobarán por mayoría simple de Morena y aliados, y entonces veremos cómo actúa el máximo tribunal constitucional. Por lo pronto, el Frente Cívico Nacional convocó a una marcha ciudadana el 26 de febrero para defender al INE, a lo que López Obrador vuelve a responder convocando a una contra-marcha gubernamental, el 18 de marzo, día conmemorativo de la Expropiación Petrolera.