Indicador Político/Carlos Ramírez

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Por Carlos Ramírez

Como antigua telenovela de Televisa o como guion kafkiano de la vida cotidiana del sistema político mexicano, el caso del plagio de su tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa podría llegar a uno de los tantos absurdos: la directora de su tesis fue despedida de la UNAM y anunció la solicitud de un amparo, pero esta protección tendría que escalar una serie de niveles y podría llegar hasta la Suprema Corte donde tendría el voto de la ministra plagiaria.

La revelación del periodista y escritor Guillermo Sheridan fue contundente y no tiene ni un milímetro de espacio para una fuga de responsabilidades; y si la SEP arguye carecer de facultades para anular el título profesional y la UNAM no tiene mecanismos funcionales para castigar el plagio ni anular el título y en el entendido de que la ministra sí plagió su tesis, entonces la decisión se encuentra en la propia Suprema Corte de Justicia.

Probada la existencia del delito de plagio, la Corte tendría mecanismos internos para resguardar su credibilidad institucional, porque todas las decisiones que tome la ministra Esquivel vendrán de la fruta de un árbol envenenado: la responsable de impartir la justicia ha sido encontrada con irregularidades y configuran el delito de plagio, inclusive en una versión derivada de fraude, y entonces sus votos estarán contaminados por su propio involucramiento en una situación de irregularidad legal.

La otra institución que tuvo responsabilidad en el encumbramiento de la ministra también debería ejercer sus facultades para avanzar a una solución en un caso que está desprestigiando al gobierno federal que propuso a la ministra, a la SEP, a la UNAM, a la Corte y al Estado de derecho: la comisión del Senado que revisó el expediente de la abogada Yasmín Esquivel Mossa y cometió el error de no investigar la credibilidad o veracidad de los documentos presentados, a partir del criterio de que podría estar avalando nombramientos con datos falsos, irregulares y hasta susceptibles de haber violado la ley.

A la hora de protestar en el Senado como ministra de la Corte al aprobarse su nombramiento como propuesta presidencial, la abogada Esquivel Mossa asumió el compromiso de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. En este sentido, el Senado tendría la obligación de corregir un error en el cual fue partícipe burocrático del nombramiento de una ministra de la Corte.

En medio de una reorganización sistémica que ha buscado desde el 2000 un nuevo espacio de credibilidad que tiene que ver con su responsabilidad de vigilar el Estado de derecho constitucional, la Suprema Corte está obligada a vigilar la credibilidad de sus miembros y no puede mantener como ministra y participante en salas de discusión de dictámenes legales a quien ostenta un título que quedó demostrado que fue plagio de una tesis de dos años antes.

Si la Suprema Corte elude su responsabilidad, entonces la sociedad tendrá el derecho de sospechar irregularidades en el sistema de toma de decisiones jurídicas por la existencia de una ministra que vota sobre decisiones clave que tienen el claro sentido de ir fortaleciendo el Estado de derecho que el viejo régimen priísta nunca respeto. De ahí la percepción de que la Corte estaría participando en el diseño de un Estado de chueco y no de derecho, juego de palabras de mucha profundidad que han sido popularizadas por el presidente López Obrador al condenar las antiguas formas de decisión política sobre temas que tienen que ver con la ley inflexible.

La tardanza en encontrarle una solución al caso de la ministra Esquivel afecta la estabilidad de las instituciones jurídicas en un momento en el que la modernización política de la República pasa por la necesidad de construir un Estado de derecho que sea el único garante de la estabilidad y los derechos de los ciudadanos. La SEP debe ejercer su facultad para cancelar la cédula profesional y con ello quitarle a la ministra Esquivel uno de sus documentos obligatorios para ejercer el derecho en tribunales y con ello obligar a la UNAM a convocar al tribunal universitario para retirarle el título profesional a la plagiaria.

El problema que detiene las decisiones radica en el caos jurídico que provocaría la anulación del título de la abogada Esquivel porque llevaría a una revisión de los miles de asuntos en los cuales ella decidió en función de la facultad legal de ostentar en ese momento un título profesional de abogada que tendría que ser invalidado.

Política para dummies: La política no puede esconderse de la política.

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