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QUERÉTARO, Qro., 04 de enero de 2023.- El rechazo a judicializar la violencia de género y la violencia familiar llevó a Querétaro a estar en los primeros lugares de lesiones dolosas y evita la correcta atención a las víctimas, alertó la activista María Concepción González Loyola Pérez.
En Querétaro está prohibido recurrir a mecanismos de mediación cuando existen violencia familiar y violencia de género, lo que ha llevado a que en fiscalías se clasifiquen como lesiones dolosas.
Preocupa que se cataloguen mal los asuntos, especialmente porque muchos de los feminicidios son ejecutados por parejas o ex parejas de las víctimas y que las víctimas acudieron previamente a solicitar ayuda, misma que no obtuvieron.
Consideró que el incremento de homicidios judicializados que reportó Querétaro podría deberse a que se está dejando atrás la política del subregistro.
Desde hace varios años, activistas demandaban la necesidad de que los asesinatos violentos contra las mujeres se investigaran con perspectiva de género y, por tanto, se catalogaran como feminicidio.
El análisis respecto al posible cambio lo generó al hablar de que el Tribunal Superior de Justicia indicó que el 2021 se cerró con siete casos de feminicidio, mientras que el 2022, con 11.
“Muchos de estos asesinatos se investigaban como homicidios dolosos y, por lo tanto, no decir una cifra negra, más bien, sí había la denuncia, no había una clasificación correcta del delito. Creo que esa resistencia que se tenía en la Fiscalía del estado ha venido disminuyendo, gracias a la presión que se ha hecho por parte del movimiento feminista para que los asesinatos de mujeres sean investigados como lo han señalado los organismos internacionales defensores de derechos humanos de las mujeres, con perspectiva de género y con presunción de feminicidio, como lo ha marcado la Suprema Corte en varios criterios.”, declaró.
Se requiere una correcta clasificación, eliminar la larga espera para atender los casos, crecer la empatía en las áreas de denuncia, acercar las áreas a las mujeres de todos los municipios, además de redoblar esfuerzos en la infraestructura de atención de las mujeres, para que accedan a asesoría y acompañamiento jurídico.