Un vecino distante, desconfiado y colérico nos vigila
Quizás sea mucho esperar en los medios un sentido de ponderación o mesura en el tratamiento de información de origen ilícito. Debe haber libertad, pero también responsabilidad para no avalar o difundir posibles falsedades o involuntarias calumnias derivadas de las filtraciones de información confidencial o privada aireadas como resultado del espionaje. Esto adquiere mayor gravedad por lo ocurrido con los SEDENA papers, aunque el presidente López Obrador, minimizara y, peor todavía, calificara como veraz la información difundida.
No puede darse por buena información que no ha sido validada, aunque el caso del estado de salud del presidente y los incidentes al respecto sean ciertos. En el asunto de los documentos de la SEDENA son millones de textos de información no verificada y no pocos de ellos inverificables. En ocasiones su fuente es el rumor o la maledicencia, no hay rigor en las fuentes porque se parte del sigilo en su actuación y de que se indaga a partir de indicios, no pruebas ni evidencias. Además, en algunos casos puede tener un sesgo del que reporta o carecer de capacitación para manejar información de inteligencia de tal seriedad como acusar a particulares, mandatarios estatales o políticos de vínculos y acuerdos con el crimen organizado. Principios como el derecho a la privacidad, el respeto a los datos personales o la presunción de inocencia quedan vulnerados no tanto por los reportes en archivos supuestamente secretos, sino por su divulgación, en no pocos casos acrítica y sin advertir al lector sobre su posible falsedad.
El afán por la nota y competir por la primicia puede llevar a descuidos mayores, como difundir nombres o identidades de personal clave en la lucha contra organizaciones criminales. López Obrador piensa de otra forma y asume que todo debe saberse y, presume, que mucho de lo que allí está ya se sabe. Tomo como referencia y hago propia la preocupación de Eduardo Guerrero Gutiérrez, de este lunes en su colaboración en El Financiero, por el daño que ha provocado la especie de connivencia con delincuentes por parte de una presidenta municipal que hace su trabajo con apego a la ley y en condiciones hostiles y expuesta a grave amenaza del crimen organizado.
No está por demás cuestionarse la identidad de quienes se apropiaron y difundieron la información de la SEDENA. Parece ser el caso de un grupo o colectivo que opera en varios países. Es cierto que ha habido iniciativas civiles de espionaje cibernético a las áreas de seguridad de varios países y de difusión de información ilegalmente obtenida como es el caso de uno de los admirados del presidente López Obrador, el activista/periodista Julian Assange, creador de Wikileaks. El problema es cuando estas iniciativas voluntaria o involuntariamente sirven a una causa que no tiene que ver con los “nobles” propósitos de escrutinio al poder militar.
Como tal no puede ni debe darse validez a la tesis, sin duda ingenua, de que el espionaje de la SEDENA fue realizado por una organización civil interesada en divulgar secretos militares. Primero, porque más allá de la importancia de algunas de las revelaciones en términos del derecho a saber, el espionaje afecta a la institución, al gobierno, a México. El país es parte del ajedrez del poder global; además, las agencias norteamericanas desarrollan en territorio nacional actividades de espionaje y contraespionaje no sólo para anticipar lo que pudiera ocurrir con el gobierno mexicano, grupos de interés o el crimen organizado, también tienen que ver con una disputa global, en la que México ha sido desde hace tiempo terreno en disputa, como señala la revelación de que es uno de los países en la región con mayor personal de inteligencia ruso.
Haber infiltrado los acervos de la SEDENA afecta al país y tiene efectos desestabilizadores del régimen de gobierno. No se trata de suscribir una hipótesis a partir de la paranoia, simplemente entender el juego en el que México y sus autoridades están suscritos y el significado del espionaje a su acervo y, especialmente, la divulgación acrítica a partir de la explicable pretensión de la primicia, de la nota.