Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

México, bajo la sombra verde olivo

El príncipe debe evitar lo que puede hacerle odioso y despreciable. Cada vez que él lo evite habrá cumplido con su obligación, y no hallará peligro ninguno en cualquiera otra censura en que pueda incurrir: Maquiavelo

¿Qué puede animar al presidente Andrés Manuel a imponer desde Palacio la militarización del país? Esta sería la única transformación de fondo no prometida ni requerida que el Jefe del Ejecutivo imponga para desmantelar el Estado de Derecho.

López Obrador hace prevalecer su criterio personal, presiona y logra la aprobación en el Congreso de las controvertidas reformas legales para someter a la Guardia Nacional al control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre y el Senado lo hizo el 9 de septiembre de 2022.

Luego de su publicación en el Diario Oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le comunica su preocupación por dicha aprobación y urge al Estado mexicano a reconsiderar estas modificaciones, en cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Los ordenamientos modificados son: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de la Guardia Nacional; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Aun cuando la estrategia de seguridad pública permanece en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora el titular de la SEDENA se encargará de la capacitación permanente del personal, la cadena de custodia y el respeto a los derechos humanos; facilitará la colaboración en materia de seguridad ciudadana entre la Guardia Nacional y la Fuerza Armada permanente; establecerá la equivalencia jerárquica, formación táctica y política de ascensos entre estas atribuciones.

Todos los elementos de la Guardia Nacional continuarán sujetos al fuero militar, en el caso de cometer infracciones contra la disciplina castrense, a pesar de que los organismos internacionales especializados en la materia recomiendan que cuando un elemento de las fuerzas armadas cometa actos que pudieran constituir una violación a los derechos humanos, dichos hechos deben ser juzgados por tribunales de jurisdicción civil.

Pero las modificaciones legales que seguramente serán controvertidas constitucionalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo son el principio: la militarización impulsada abiertamente por el mandatario, sin equívocos, logra que en la Cámara de Diputados se eluda también la responsabilidad de los representantes del pueblo, no así la obediencia al Jefe del Ejecutivo.

A los diputados aliados con Morena (PVEM y PT) se sumaron los del PRI, y aprobaron por mayoría una iniciativa de dudoso origen priísta –la presentó la diputada de ese partido, Yolanda de la Torre– para reformar el Artículo 5o. Constitucional, a fin de establecer que la Guardia Militar permanezca en las calles una década, de la cual ya pasaron tres años, los dos que restan al gobierno actual y los que restan hasta el 2029.

La estrategia a la que se podría aplicar la consigna aquella de copelas o cuello, operada desde la presidencia con la complacencia jocosa de la gobernadora campechana, Layda Sansores, contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRl, quien para eludir ser acusado como presunto responsable de diversos delitos, prefirió optar por traicionar los acuerdos partidarios del bloque opositor, y junto con la diputación del tricolor, rompieron la moratoria constitucional.

Los amagos del gobierno morenista consiguieron doble triunfo al fracturar la coalición opositora Va por México, y conseguir la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional, al menos en la Cámara de Diputados. Aunque es posible prever que en el Senado se mantendrá el PRI en el bloque opositor (PAN-PRD), con lo que esta iniciativa controvertida e inconstitucional, podrá ser desechada.

De otra forma si llegara a consumarse, sería aterrador, se extendería por siete años más una estrategia de seguridad cuyo fracaso rotundo acabaría por poner en manos de la delincuencia el territorio nacional con un costo altísimo en violaciones a los derechos humanos.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Ejército es un claro abusador y violador de esos derechos fundamentales, la Guardia Nacional integrada en casi 80 % por militares suma más de 500 quejas por tortura, detención ilegal y trato cruel e inhumano.

Este despropósito sólo podría explicarse por razones político-electorales, de ambición personal de permanencia en el poder del proyecto AMLO hasta el 2030, con lo que imponer este candado sería tratar de eludir el juicio ciudadano de su administración regresiva.

Recordemos que la Guardia Nacional se integró principalmente con militares desde el año 2019, esto no ha detenido que el Gobierno de la 4T sea el más cruento y violento en la historia del país, con más de 100 mil personas desaparecidas, 15.400 homicidios dolosos en lo que va del primer semestre, 15 periodistas asesinados durante el 2022 y más de 500 posibles feminicidios en lo que va del año.

Con esos datos, la CIDH ha venido recomendado al gobierno de México desmilitarizar la seguridad pública debido a las violaciones a los derechos humanos crecientes por el uso del Ejército en labores ciudadanas para las que no están preparados los elementos castrenses.

Sin embargo, fiel a su soberbia proverbial, López Obrador, sin informe previo sobre qué le impidió a su administración cumplir con el compromiso de establecer un plan para el retiro gradual de las fuerzas armadas del 2018 al 2024, incumple con el plazo establecido de cinco años, así como con los criterios de uso militar en seguridad de manera temporal, excepcional y restringida, bajo supervisión civil.

López Obrador ignoró también las recomendaciones de la Corte Interamericana de fortalecer a las fuerzas policiales, adoptar una ley sobre uso de la fuerza y un mecanismo de rendición de cuentas ante el uso de la fuerza letal. Por el contrario, según la información recibida por la Comisión, los cuerpos policiales se han debilitado tanto a nivel municipal como estatal.

A su estilo, hábil en el malabarismo político, el mandatario mexicano arremete contra organismos internacionales, la CIDH y la OEA, de la cual es dependiente. A ambos los acusa de conservadores y tendenciosos: «callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros, no son serios», y a la ONU, la califica de «cara e inútil». Invitado por este organismo a su próxima Asamblea en Nueva York, los desaíra afirmando que no asistirá.

La CIDH recomienda que toda política pública de seguridad ciudadana debe contar con una institucionalidad independiente de las fuerzas militares, con una estructura policial civil operativa y profesional para que sea una herramienta eficaz para la prevención de los delitos y protección de civiles, mediante el respeto y garantía de los derechos humanos por parte de los Estados.

El colmo de las reacciones a la pretendida militarización fue el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que emitió un pronunciamiento en el que no sólo abdica en su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad contra la Guardia Nacional, sino que además asegura que «no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores” ,extenso y lleno de ambigüedades. Mejor hubiera evitado hacer el ridículo al exhibir su falta de autonomía.

El enjundioso y repetitivo discurso del presidente López Obrador y sus acciones para robustecer las atribuciones de las Fuerzas Armadas no sólo generan oposición, convencen a unos y confunden a otros, especialmente inquieta la reacción del general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, quien arremetió en contra de los comentarios “tendenciosos” contra las Fuerzas Armadas vertidos por quienes “tratan de alejarla de la ciudadanía” y alertó sobre la puesta en marcha de una “campaña de desprestigio”.

Señor presidente, por favor cuide no alentar en el máximo responsable del Ejército mexicano su incursión en el debate ciudadano sobre seguridad pública. No es aconsejable motivarlo a adoptar identidad partidaria, los jefes militares deben mantenerse al margen de discusiones, son los depositarios del alto honor de defender nuestro territorio y soberanía nacionales. Por el bien de todos, evitemos sembrarles ambiciones políticas contrarias a los valores constitucionales de nuestra democracia.