Libros de ayer y hoy/Teresa Gil

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 Los grandes infractores deben ser retenidos antes de sentencia. Como suele muy seguido suceder con otros temas, el de la prisión preventiva oficiosa enseña la oreja cuando hay que defender a los indefendibles. Con anterioridad, pese a los años transcurridos de la reforma al sistema penal acusatorio (inicio 2008), se dieron miles de casos que les valieron a los espantados. Lo mismo  que ocurre en países que se lanzan contra ese mecanismo, pero tienen refundida muy cuidada, la vigencia de la pena de muerte. Los más quejumbrosos son los opositores ante lo que consideran gran desmesura, olvidando la fecha de su imposición y quien gobernaba entonces. En ese contexto está buena parte de los que critican la pertinencia de los derechos humanos en personas encarceladas y juzgadas y periódicamente son los que piden castración o la reinstalación  de la pena de muerte. El tema, en el que aparece un oportuno ministro Luis María Aguilar Morales, a servir, presuntamente, a sus mandantes, se dispara de pronto y ya se lanza la cantidad de personas que pueden ser favorecidas si la Corte aprovecha su posición de definitividad para cancelar ese que llaman aspaviento. Las que pueden salir se calculan en 90 mil 595. El más pintado de los delincuentes oficiales y los privados, ya se están frotando la manos en las cárceles transitorias.

LA PRISIÓN PREVENTIVA ES NECESARIA EN CASOS BIEN FUNDADOS

Y como también sucede, hasta los que reconocen  su ignorancia en el asunto píntan su raya ahora de un derecho que ha sido clasista no solo en México sino en el mundo. Y no falta quien se centra, porque los casos los mueven los mismos interesados, en la señora Rosario Robles, el señor Jesús Murillo Karam y otros por el estilo. Como se ha mencionado en  algunos editoriales y artículos centrados, los miles de presos de sectores  proletarios, que tienen  prisión preventiva oficiosa, son seres vistos de soslayo. Lo que importa son los personajes a los que no les tembló la mano para robar al erario o crear presuntas verdades  que se caen por su propio peso. Piensan en  doña Chayo que olvidó sus orígenes y en don Chuy, pobrecitos, pero de los miles, millones de pobres mexicanos, los que por su propia estructura endémica más aportaron a las muertes del Covid, y que fueron afectados por esos personajes, ni quien se preocupe. Si nos acercamos, hasta Rafael Caro Quintero puede salir libre, mas si hay un juez generoso que se apiade de él. La prisión preventiva oficiosa, claramente delineada en el código penal, se refiere a delitos de alto poder, los más terribles entre ellos la traición a la patria y la cual podrían tipificar alguno de los criticones  del Congreso. O esos que envían informes del país al extranjero para defenestrar a México como el pináculo de la agresión y la muerte. En ese tema que se convierte en correveydile no está el dedo acusador en las cárceles mexicanas privatizadas por Felipe Calderón, a empresas que ganan  millonadas con los presos y precios (4 mil pesos diarios de comida por persona) y que curiosamente podrían ser las que protesten si la prisión preventiva oficiosa se limita o cancela, porque sus ganancias vendrían a menos.

LOS CAMBIOS EN EL DERECHO SON PARA GENERAR JUSTICIA, NO PRIVILEGIOS

Si el derecho es considerado una supraestructura, es claro que su utilización, al contrario de lo que creía  el gran jurista Hans Kelsen (La Teoría pura del Derecho Edinal Impresora 1976), será política. Y en esta discusión sobre la prisión preventiva oficiosa lo estamos viendo. Algo que estuvo ahí desde hace años y más de un siglo en la prisión preventiva que se aplicaba ya en los delitos de pena corporal, se convierte tramposamente, porque proviene de la Corte, en un tema político. Las 90 mil 595 personas que podrían salir para que se les juzgue en libertad, quizá no eran en total la cantidad en la propuesta que hizo AMLO en su  momento, para liberar a delincuentes de poca infracción, pero ese tema no fue sometido a discusión, a nadie le importó que el gobierno pudiera liberar a raterillos menores, a ejercedores de riñas, a fraudulentos  de barriadas, delitos generados por la pobreza. Pero si un gallo poderoso es detenido por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, la oposición se enardece. Si el derecho es utilizable es claro que puede ser utilizado como materia moldeable, un derecho que genere justicia. A ese es, al que hay que dirigirse y exigir. Como se ha dicho desde la presidencia, abrir en casos graves las cárceles preventivas, es promover más la impunidad, la posibilidad de fuga, la destrucción de pruebas y otras consecuencias. La Corte que decidirá el tema el 5 de septiembre, tiene frente a ella una gran decisión, en la que se juega no solo la justicia que merecen las víctimas, sino el empuje de mayor impunidad.