Teléfono rojo
El Presidente López Obrador ha reclamado con indignación el que se le vincule con el crimen organizado. Dice que es una campaña de los conservadores en un intento más de dañar a su proyecto. La verdad es que ni hay vínculo, al menos en términos de un acuerdo expreso, ni hay campaña orgánica de un grupo con el intento de perjudicarlo.
El señalamiento se remite a las elecciones en el occidente del país en 2021, especialmente Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California. La oposición se refirió para el caso de Michoacán y Sinaloa como elecciones en las que tuvo un papel protagónico el crimen organizado. No fue un invento. La información noticiosa muestra que sí hubo presencia. Desde luego, que esto haya acontecido en forma alguna prueba que fue una acción concertada, consentida o promovida por el presidente.
La manera como López Obrador se ha referido a Joaquín Loera, el saludo a la madre de éste y la atención a la gestión para visitar a su hijo detenido en EU, así como la liberación de Osvaldo Guzmán, retenido por las autoridades militares en un operativo en Culiacán para proceder a su extradición ha propiciado la maledicencia, abonado por las recurrentes visitas del presidente a los territorios bajo control del cártel de Sinaloa, lo que da pie a que se recree la idea del acuerdo. Más aún, recientemente externó su molestia por el nombre de “el triángulo dorado” rebautizado con el nombre de “el triángulo de la gente buena y trabajadora”, para algunos una manera de referirse a los delincuentes que controlan dicha zona. En días pasados comparte la satisfacción de que territorios bajo el control de crimen no haya violencia respecto a los que están en disputa.
El comedimiento presidencial hacia los criminales hace contraste con los periodistas o sus críticos. Su exceso hacia quienes tienen una postura independiente o crítica en los medios o en la política, hace que la mesura al criminal se le vuelva en contra. En ocasión del crimen organizado, el presidente refiere de manera reiterada a los delincuentes de cuello blanco, con lo que sugiere que para él son más perniciosos.
El presidente de siempre se ha pronunciado por la política de “abrazos no balazos” y ha reiterado su confianza de que el crimen habrá de disminuírsele con programas sociales que incentiven a que los jóvenes tengan una forma honesta de vivir, en lugar de transitar hacia el crimen. La postura presidencial no sólo se califica de ingenua, sino también complaciente. Más con la instrucción a las fuerzas armadas y a la Guardia Nacional de no enfrentar a los criminales, con verbalizaciones lamentables como aludir al respeto de los derechos humanos de los delincuentes, obligación de las autoridades, pero el contexto de una humillante persecución de los criminales a una patrulla militar, la que, por cierto, pudo cumplir su cometido una vez que obtuvo refuerzo.
En este contexto adquieren relieve las palabras de Porfirio Muñoz-Ledo quien aludió a una “alianza” del gobierno con el crimen organizado, postura que se repitió en una entrevista de Carmen Aristegui con el excandidato presidencial y exgobernador de Sinaloa, Francisco Labastida. El presidente respondió airadamente contra Muñoz-Ledo y denostando a la periodista Carmen Aristegui.
Lo narrado es suficiente para entender la manera como un sector importante de los medios y en las redes sociales refieren a los vínculos del presidente con el crimen. No es una campaña, es el descuido presidencial de sus palabras y una pésima respuesta al tema lo que ha llevado a la creencia de que tal acuerdo existe. Éste como tal no existe porque no hay una estructura de poder y autoridad con la que se podría lograr un entendimiento alguno. Los grupos criminales son múltiples y no todos obedecen a la misma lógica criminal, ni tienen la misma cohesión o disciplina. Lo que existe es público y está a la vista de todos, esto es, la postura del presidente López Obrador en el combate al crimen organizado y la discutible tesis de que es la pobreza la que lleva a la delincuencia. Sí hay una causa a la vista de todos: la impunidad.
La paranoia tampoco es tal, ya que es difícil que es demencial creer que hay una campaña de los conservadores en su contra. Lo que sí existe es la respuesta indignada de quienes ven en la postura presidencial complacencia, especialmente por los desastrosos resultados en materia de seguridad y justicia.