Líneas Quadratín
Se trata de una estadística de terror.
En casi 38 meses del gobierno de López Obrador, en México han sido asesinados 53 periodistas.
Paradójicamente, ningún caso ha sido resuelto a satisfacción de los familiares de las víctimas; y en ningún caso Obrador cumplió su promesa de: “¡ni uno más!”.
Lo peor es que los hechos criminales contra informadores de nuestro país confirman lo que aquí advertimos por años: que para el presidente mexicano “el mejor periodista es el periodista callado o el periodista muerto”.
Y la comparación con los gobiernos anteriores es aún más lapidaria.
¿Por qué?
Porque durante el gobierno de Enrique Peña se reportaron 50 periodistas asesinados y cinco más desaparecidos, mientras que la getión de Felipe Calderón cerró con 48 comunicadores ejecutados en el ejercicio de su profesión.
En pocas palabras, con AMLO han matado dos periodistas por cada periodista asesinado con Peña y/o con Calderón.
¿Cuál es el peor gobierno para los periodistas mexicanos?
Sí, el gobierno de López Obrador.
Pero “los lacayos callan” y son los mayores cómplices del crimen de Estado contra los periodistas.
Pero también es cierto es que desde sus tiempos de candidato y en los primeros tres años de su gestión presidencial, son más perseguidos, peligrosos e indeseables los periodistas crítico e independiente, que los jefes criminales, como es el caso de Ovidio Guzmán.
Por ejemplo, en el México de López, a los periodistas se les persigue, ejecuta, asesina y desaparece sin tregua, mientras que a los criminales se les regala una tregua o amnistía oficial; se les entregan gobiernos estatales y municipales, se les brinda protección y hasta son felicitados por “su buen comportamiento”.
Incluso, todos los días, desde Palacio el presidente López calumnia, difama, censura, insulta y acusa más tiempo a los periodistas y medios críticos que el tiempo dedicado a censurar a los jefes criminales; señala a los periodistas pero elogia a los matarifes de las bandas que someten al país.
Sí, de espanto que en el México de hoy el presidente López prefiera aplaudir a los jefes del crimen organizado y a sus matarifes, mientras sólo ofrece condolencias cínicas y vacías a familiares de periodistas asesinados.
Pero tampoco es nuevo que una vez que el presidente apunta su dedo flamígero contra un periodista, de inmediato reaccionan contra el periodista o contra el medio en cuestión, las jaurías babeantes de adoradores lopistas.
Y tampoco sirven las denuncias formuladas frente al mismísimo presidente y son letra muerta los mecanismos del Estado dizque para la defensa y protección de los periodistas.
Y no sirven porque México es la nación más peligrosa del mundo para el ejercicio del periodismo, mientras el gobierno de López es el que más solapa, en el mundo, a los criminales de los periodistas críticos.
La democracia de cabeza; en pocas palabras.
Y el caso emblema es el de Lourdes Maldonado, periodista ultimada a balazos la tarde del domingo 23 de enero del 2022, a pasar de contar con la protección oficial.
Peor aún, Lourdes acudió hace casi tres años a la “mañanera” de AMLO en donde de manera abierta le dijo al presidente: “¡temo por mi vida”, luego de denunciar la persecución del exgobernador Jaime Bonilla.
Casi tres años después y horas después del crimen de Lourdes Maldonado, curiosamente el presidente se apresuró a solapar a su amigo Bonilla, al tiempo que sin más datos dijo que no había relación alguna entre el atentado a la periodista y su disputa legal contra Bonilla.
Peor aún, de manera irresponsable, ese mismo día Obrador señaló con su dedo flamígero al periodista Joaquín López-Dóriga, mediante la reproducción de un video en el que Joaquín cuestiona a los partidos opositores por su ausencia ante el poder autoritario de AMLO.
Al final de cuentas, queda claro que el de López es un gobierno que protege y solapa a los matarifes de periodistas, mientras que en todo el país los periodistas críticos son víctimas del mayor acoso oficial de la historia.
Sí, cada crimen cometido contra un periodista mexicano es un crimen de Estado por el que deberá pagar López Obrador.
Al tiempo.