Difícil e ingrata realidad/Federico Berrueto

Se culpa a la pandemia y, ciertamente, dos años perdidos es mucho tiempo, pero el problema real está en la visión presidencial, en la forma y fondo de ejercer el poder y en el programa lopezobradorista. Para muchos son suficientes las intenciones y la asumida voluntad del presidente para mejorar al país, pero la historia no la hace ni ésta ni aquellas; son los resultados, buenos, malos o regulares.

La desesperación presidencial tiene al menos tres planos: el ético, el de los cambios institucionales y el de la continuidad del proyecto, lo que remite a la sucesión al interior del grupo gobernante y a la elección constitucional de 2024.

El plano ético tiene, a su vez, tres referentes básicos: abatir la corrupción, acreditar austeridad y rescatar al Estado de los intereses creados, para él los de una voraz élite empresarial en connivencia con el gobierno nacional.

El presidente falló en el combate a la corrupción porque para qué se requería acabar con la impunidad, lo que se hace con la ley en la mano. Sin embargo, decidió someterla a un sentido político y a sus pulsiones autoritarias. Así, por ejemplo, prefirió combatir a Felipe Calderón y a Ricardo Anaya en lugar de al régimen de Peña Nieto. Las evidencias que incriminan al pasado inmediato son múltiples y remiten a gobernadores como Alejandro Moreno y Rubén Moreira jerarcas del PRI y a muchos miembros del gabinete, incluyendo a todos los secretarios de Hacienda y a los directores de Pemex y de la CFE.

La oligarquía empresarial sigue siendo influyente y haciendo grandes negocios con el gobierno a partir del privilegio. Por ejemplo, se castigó al país anulando un proyecto aeroportuario muy avanzado por la corrupción de empresarios y especuladores de bienes inmobiliarios. Nadie fue denunciado, al contrario, se les indemnizó, y algunos obtuvieron grandes contratos en el Tren Maya y en otros proyectos relevantes.

La austeridad a rajatabla ha dañado enormemente la calidad de la administración pública y ha exacerbado la corrupción y la ineficiencia, a ello corresponde el decreto de dispensar permisos a la obra de infraestructura. El incremento de costo a casi el doble y el atraso del Tren Maya es una fiel radiografía de la corrupción y del deficiente desempeño de las autoridades.

Tiene sentido rescatar al Estado. Ha sido un problema de siempre, agravado por el modelo privatizador del salinismo, dominado por la corrupción, que se desbordaría en el gobierno de Peña Nieto. La indignación pública y la presidencial por el abuso en contratos ventajosos suscritos por el gobierno federal es válida, más cuando estuvo de por medio la venalidad, lo que no es razonable es que la medida correctiva ha sido esencialmente la destrucción, no aporta soluciones funcionales, como el caso de la compra, distribución y abasto de medicinas. No se habla de rescatar al Estado con el combate del crimen organizado, reduciéndolo territorialmente, minando su fuerza de fuego y combatiéndolo en su negocio. No sucede así. Un Estado disminuido, arrinconado o inexistente en muchas partes del país.

Los cambios institucionales no dan para mucho, sí para destruir o minar lo que existe. En un último lance el presidente apuesta todo a la contrarreforma eléctrica, la militarización plena de la Guardia Nacional y acabar con el INE. Así, el tema sucesorio ha llevado al presidente a alterar los tiempos de la política y a la confrontación con la institución que ha sido garante del mayor logro de la democracia mexicana: elecciones justas y convincentes. Así, la consulta para la revocación de mandato es el intento para relanzar al poder presidencial de cara al fracaso del proyecto transformador.

Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto