Indicador Político|Carlos Ramírez

Los sectores económicos beneficiarios del Tratado salinista se han cobijado bajo el protectorado del gobierno de EU para frenar la reconstrucción del Estado y de la economía pública, pero sin ofrecer a cambio mecanismos de redistribución de la riqueza: el Tratado salinista ha producido un PIB promedio anual de 2% de 1983 a 2018, contra la construcción de una plutocracia empresarial de mil ricos sobre las bases de la economía pública privatizada.

El problema, del lado contrario, radica en la falta de una propuesta integral de reconstrucción de un modelo mexicano de desarrollo, con fortalecimiento de la planta productiva nacional con alta competitividad y con impulsos educativos y tecnológicos. Sin un nuevo modelo de desarrollo potenciado y regulado por el Estado y con una planta industrial empresarial sólida y autosuficiente, México no podrá modificar los términos neoliberales del Tratado.

El desafío no es de voluntad ni de declaraciones. Trump demostró con la amenaza de aranceles en 2019 para imponer sus intereses migratorios que la capacidad de debilidad nacional descansa en el modelo económico. Ahora mismo Biden está manipulando temas no comerciales como migración, narcotráfico, crimen organizado, clima y seguridad nacional para imponerle a México el papel asumido con sumisión por el presidente Salinas de Gortari: la maquilización productiva, la política exterior imperial y el escudo estadunidense de seguridad militar.

La reunión tripartita de hoy jueves en Washington debía ser sobre comercio, pero se extenderá a políticas nacionales de desarrollo. Salinas, Peña Nieto y el ala comercial neoliberal lopezobradorista firmaron en 2019 el TCL 2.0 y lo renombraron como T-MEC, pero con las mismas condiciones de dominio inversionista de EU: explotar a México como campo de inversiones extranjeras en zonas privatizadas por el modelo neoliberal salinista.

Los defensores del Tratado se olvidan del tercer párrafo del artículo 28 Constitucional:

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

En este párrafo se sustentó la doctrina de intervención del Estado en la economía y fue el párrafo que destruyó Salinas con sus reformas para imponer la privatización de la economía pública. Por ministerio de ley, todo presidente de la república tiene las facultades legales y políticas para modificar acuerdos en función de nuevos escenarios estratégicos.

Pero al proyecto de las reformas estatistas lopezobradorista de las reformas neoliberales salinistas carece de capacidad para reconstruir la dinámica productiva del Estado. El Estado lopezobradorista se ha centrado en sus propuestas insignia y todavía no ha definido un nuevo modelo de desarrollo integral más allá de los subsidios al bienestar y de las cuatro obras públicas prioritarias. Esta deficiencia fue la que existió en las tres experiencias de expansión del Estado: Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría y José López Portillo. Y sí hubo propuestas de rectoría del Estado en el desarrollo estabilizador de López Mateos y Díaz Ordaz y su modelo de economía mixta con preponderancia pública.

En la reunión de hoy se sabrá si México tiene una propuesta concreta de reorganización y replanteamiento del TCL para garantizar el regreso del Estado a la economía o sólo buscará saltar los obstáculos de la coyuntura sin un nuevo modelo de desarrollo nacional.

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