Coparmex Qro pide laxitud en fiscalización por incumplimiento de outsourcing

De acuerdo con el presidente de Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho Ortega, no se dio el tiempo suficiente para que el sector privado cumpla con los requerimientos de la reforma, luego de solicitar que se les otorgara el mismo plazo que al gobierno federal (01 de enero del 2022).

Los rezagos en el sector privado, dijo, podrían derivar en dos situaciones: despidos o cambios en las condiciones laborales de trabajadores de base, para ser contratados únicamente por honorarios. A decir del dirigente, el impacto podría generar incluso el cierre de empresas.

Jorge Camacho estimó que a nivel local al rededor de 60% de las empresas que ofrecen servicios de subcontratación han podido registrarse ante el gobierno federal, por lo que 40% restante está en riesgo de ser sancionados con hasta 4 millones de pesos.

“Aquí hay varias alternativas: que no sean contratados, que sean contratados bajo otro esquema, por ejemplo, por honorarios y en ese sentido perderían prestaciones sociales que tenía bajo subcontratación, no sabemos qué va a suceder con los 800,000 que aún no pasan a la nómina de las empresas y tiene que ver también con los tiempos, las empresas al hacer estas reconversiones de pasar a los colaboradores que tenían subcontratados a sus nóminas… en algunos casos es sencillo, en otros complejo”, declaró.

El empresario pidió que el gobierno federal limite su labor de fiscalización o en dado caso que al realizarla sea laxo con las empresas que no han cumplido con la reforma.

“Ahora, se podría negociar que el gobierno para que asuma la actitud de no fiscalizar, si fiscaliza desde hoy y empieza a buscar a las empresas que no están en el sistema y las sanciones, vamos a tener un cierre importante de las empresas. Que no se fiscalice de manera agresiva a las empresas que no han cumplido”, declaró.

Como parte del pronunciamiento de la confederación, también planteó que se permita realizar un registro parcial para evitar que las empresas caigan en incumplimiento, mientras concluye los trámites gubernamentales en materia de contratación.

Lee más en El Economista