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Buendía: el reclamo de la memoria y por qué estamos como estamos

De manera independiente al hecho de que es difícil –aunque no imposible– fincar conclusiones periciales de responsabilidades criminales a través de una investigación periodística, el documental recordó qué Buendía había comentado en su columna un desplegado de los obispos del Pacífico Sur denunciando la irrupción del narcotráfico y cooptando campesinos y funcionarios para dar inicio a los que fue la ola de descomposición de los cuerpos gubernamentales de seguridad y sus funciones al servicio de los primeros cárteles del narco.

A treinta y siete años de distancia y siete presidentes de la República, la crisis de seguridad se ha agravado y el involucramiento de autoridades municipales estatales y federales ha crecido a niveles alarmantes. El asesinato de Buendía fue un detonador que llamó la atención hacia conductas criminales que involucraban a un periodista que en el momento de su muerte estaba investigando alianzas de funcionarios del área de seguridad de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular era Manuel Bartlett Díaz, con las bandas primarias de mariguaneros. En 1985 se supo que el capo Rafael Caro Quintero portaba una credencial válida y oficial como agente de la Dirección Federal de Seguridad de Gobernación, aunque con otro nombre; esas credenciales fueron solicitadas por la Procuraduría General de la República, cuyo titular era Sergio García Ramírez, para incorporarlas al expediente pericial, pero al final desaparecieron borrando pistas de la alianza narcos-Gobernación.

El asesinato de Buendía se dio previo al incidente que reventó las complicidades funcionarios-narcos: el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar en febrero de 1985, provocando una inusitada ola de presiones políticas del gobierno de Estados Unidos con denuncias de que el narco responsable directo del incidente estaba protegido por autoridades de la policía política de Gobernación.

El director de la Dirección Federal de Seguridad era José Antonio Zorrilla Pérez, quién había sido señalado sin pruebas como responsable del asesinato de Buendía. Zorrilla había sido secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios en la DFS, pero su posición como director había sido a propuesta de Bartlett Díaz. Inclusive, Bartlett comisionó de manera directa a Zorrilla como jefe de la investigación del asesinato de Buendía. En 1985 Zorrilla fue obligado a renunciar a la policía, apareció en las listas de diputado local por Hidalgo con la promesa de catapultarlo a la gubernatura, después renunció a esa nominación, estuvo en la clandestinidad y en 1989 fue arrestado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari como responsable del asesinato de Buendía.

Una revisión de los expedientes de entonces revela que Zorrilla acumulaba más evidencias de estar protegiendo al narco que responsabilidad alguna en el asesinato del columnista. En una estridente campaña de medios, en 1985 el embajador estadounidense John Gavin emprendió una campaña de denuncia contra Zorrilla por los datos de alianzas con el narco, aunque algunas filtraciones periodísticas de entonces revelaban que Zorrilla como jefe de la policía política había roto relaciones con la CIA estadounidense y se había refugiado bajo la protección de la policía política de Alemania comunista, la temible STASI.

Zorrilla purgó veinticinco años de prisión por el asesinato de Buendía, pero no hubo ninguna investigación sobre sus vinculaciones con el narcotráfico y la protección que la DFS daba a los cargamentos de mariguana rumbo a EE. UU. De 1984 a la fecha, la vinculación de autoridades de seguridad protegiendo al narcotráfico y al crimen organizado han crecido en evidencias probatorias y constituyen el punto central de la crisis actual de seguridad interior.

Buendía dio el aviso en 1984 y fue asesinado en lugar de atendido.

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