Indicador Político|Carlos Ramírez

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Sin un relanzamiento de la estrategia, las posibilidades de la Guardia Nacional podrían estar generando una crisis de expectativas, sobre todo porque fue creada para combatir el crimen organizado y sólo se ha concretado a operativos disuasorios sin objetivos de desarticulación de bandas criminales.

Si a la estrategia le faltaba un diagnóstico de inteligencia sobre la estructura de las organizaciones criminales, sobre todo en lo referido a sus relaciones de poder, a su captura territorial del Estado y al desplazamiento de las instituciones civiles, políticas y sociales, el activismo criminal en el pasado proceso electoral del 6 de junio dejó indicios de un avance delictivo en el sistema/régimen/Estado.

La construcción de la paz se basaba en la percepción gubernamental de que el fin de la persecución violenta de cárteles y capos conduciría a una disminución de las tensiones de terror en las calles de toda la república. Para ello, se suponía cuando menos de una percepción unilateral por parte de los dirigentes de los cárteles respecto a la oportunidad de eludir la confrontación a balazos, pero se abrió el camino a una disputa violenta entre bandas criminales para mantener y expandir el control de las plazas.

Desde el principio de la nueva estrategia se tuvo claro que la Guardia Nacional era el aparato central de conducción de la política de seguridad, pero que se requerían decisiones sucesivas para apoyar el trabajo de la persecución de delincuentes. Cuando menos, hasta la fecha, no se han creado tres instrumentos fundamentales que se establecieron en la estrategia y que ayudarían al trabajo operativo de la Guardia:

1.- La creación de un sistema nacional de inteligencia que centralizada los trabajos de procesamiento de las informaciones sobre el crimen organizado/desorganizado.

2.- La publicación del programa para la seguridad nacional 2018-2024 que aportaría el marco legal, operativo y coordinador de las labores en las tres seguridades: nacional, interior y pública.

3.- Y la coordinación obligatoria con Estados y municipios a través de reportes y capacidad operativa para coordinar labores en todos los cuerpos de seguridad.

Estas tres metas siguen pendientes, sin registrar, como política planteada como prioridad, la urgencia de reconstrucción de los tres tejidos que podrían constituir el sistema nervioso de la república: el tejido social, el tejido institucional y el tejido del Estado.

Del lanzamiento de la estrategia de seguridad en diciembre del 2006 a la fecha, las estrategias sexenales de seguridad no han podido consolidar objetivos más allá de los cuerpos policíacos. Y en estos dos y medio sexenios las bandas criminales han seguido expandiéndose, armándose y aumentando su control sobre las estructuras del Estado a nivel federal, estatal y municipal.

El punto central de la actual fase de crisis de seguridad no se localiza en las cifras que revelan homicidios, porque no explican razones. Y las cifras por sí mismas pueden ser utilizadas para la crítica superficial, como lo demostró el periodista de Univisión Jorge Ramos en su confrontación con el presidente López Obrador. La capacidad de investigación periodística se ha quedado en el registro de números, sin indagar toda la estructuración política, social y de seguridad de la arquitectura del crimen organizado en México.

El tema que centralizaría el relanzamiento de la estrategia se localiza en la necesidad, de una vez por todas, de caracterizar al Estado mexicano como un Estado de seguridad interior, con el objetivo de asumir que la seguridad en sus tres versiones es la función primordial del Estado, inclusive antes del bienestar.

La Guardia Nacional podría perder contextos de expectativas si no encuentra este relanzamiento de la misma estrategia de construcción de la paz, solo que con objetivos de corto plazo de comenzar a desarticular bandas criminales.

Política para dummies: la política es el territorio de las grandes decisiones de Estado, no de las gelatinosas justificaciones de la coyuntura.

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