Las noticias 🗞️📻 con Adán Olvera 12/12/24
Con un monto de 994 millones 631 mil 961 pesos, la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Querétaro (SEDESOQ) ejecutó en 2020 un total de 276 obras de Infraestructura Social en los 18 municipios, para beneficiar a 354 mil 943 queretanos.
La encargada de despacho de la dependencia, Sandra Diez Alvarado, destacó que las acciones forman parte del compromiso de la actual administración para hacer frente a la pobreza y ofrecer “un piso parejo” a los queretanos, para que nadie se quede atrás en el desarrollo.
Explicó que el Fondo de Infraestructura Social tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, así como a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
Sandra Diez agregó que “en la Secretaría de Desarrollo Social impulsamos Obras de Infraestructura Social en los 18 municipios para satisfacer las necesidades básicas en colonias y comunidades donde se vive en situación de pobreza, a fin de mejorar sus condiciones de vida y ofrecer igualdad de condiciones para que nadie se quede atrás en el desarrollo”.
Con esta premisa se han realizado 276 obras de mejoramiento urbano, espacios públicos, drenaje, alcantarillado, agua potable y energía eléctrica, obras en escuelas, mejoramiento de parques recreativos, unidades deportivas, plazas; además de realizar cercos perimetrales.
Expuso que en el municipio de Amealco fueron 28 obras; Arroyo Seco 4, Cadereyta 17, Colón 4, Corregidora 23, El Marqués 9, Ezequiel Montes 2, Huimilpan 24, Jalpan 9, Landa de Matamoros 19, Pedro Escobedo 29, Peñamiller 15, Pinal de Amoles 7, Querétaro 19, San Joaquín 3, San Juan del Río 25, Tequisquiapan 13 y en Tolimán 26, para hacer el total de 276.
Por último, enfatizó que en todas las localidades se conformaron Comités de Contraloría y Participación Social en 100% de las obras, a fin de “garantizar” la vigilancia ciudadana, permitiendo que, en un esquema organizado, la población verificara el correcto funcionamiento y cumplimiento de los programas sociales para prevenir posibles irregularidades.