Opinión|Luis Acevedo Pesquera

De las preocupaciones más importantes entre la población, después del temor al contagio del COVID-19, el desempleo y las expectativas de subsistencia son los que exigen una respuesta inmediata y consistente.
Los tiempos de la inminente aplicación de la Fase 3 de la cuarentena y las medidas socioeconómicas que contenga, junto con lo que sucederá una vez que se levanten las restricciones sanitarias han agudizado el clima de incertidumbre entre la población, especialmente entre los sectores medios.
Las señales cruzadas de los representantes públicos y privados han incrementado el desasosiego porque no existe todavía un plan nacional que permita saber cómo se conservará la estructura productiva del país en lo que resta del año, que ofrezca alguna señal que muestre la manera en la que se sostendrá al término de la suspensión de actividades y lo que se hará si se presentan nuevos problemas.
Por un lado, se ha pedido sacrificar las utilidades para pagar las cuentas, mantener empleos y producir en favor del mercado interno; del otro, se argumenta incapacidad financiera para sostener gastos productivos en un mercado inactivo que, sin apoyos de la federación, no tiene capacidad de satisfacer las exigencias que la economía le impone para satisfacer las necesidades de la sociedad, incluidas el empleo, la producción y el consumo.
A decir de los privados, sin apoyos no solo es imposible garantizar salarios sino mantener la planta productiva y asegurar las contribuciones que permitan financiar el desarrollo nacional.
Para el sector público, la respuesta a la pandemia de COVID-19 es un tema de esfuerzo y solidaridad con los que menos tienen. De romper el cochinito y que los empresarios pongan a trabajar sus ganancias; a cambio, el gobierno revisará algunos programas políticamente opacos, además de reforzar la retórica de la austeridad, que siempre pasa por reducir el salario de la burocracia y que se ofrece como una medida ejemplar, pero con efectos económicos generalmente negativos.
Repetir una oferta de campaña política como respuesta a una crisis económica mundial no puede ser la mejor señal ni es un ejemplo para seguir. Especialmente cuando al inicio de su régimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador rebajó los salarios de los funcionarios públicos federales y les canceló privilegios que los colocaba con ingresos muy por arriba del promedio de los trabajadores mexicanos.
No solo eso, cortó el gasto público que se tradujo en despidos masivos sin que se hubieran creado políticas públicas sustitutivas ni una reorganización del gasto federal en función de una nueva estructura fiscal acorde a los ingresos realmente disponibles y así ya pasamos por problemas en el sector educativo, de infraestructura y, frente a la emergencia sanitaria del coronavirus, que mostró las deficiencias en la planeación, enfrentamos el inicio agravado de una crisis económica de profundidad y duración inciertas.
El salario de la burocracia que en determinados momentos puede ser una medida contracíclica ejemplar, a pesar del costo que puede representar para miles de familias, en el caso de México y en las condiciones actuales agravará los problemas de consumo del mercado interno.
Frente a cualquier crisis, al gobierno le toca proteger los empleos y construir la percepción de seguridad y certidumbre entre los ciudadanos ante la adversidad; no lo contrario, porque como actualmente sucede promueve, estigmatiza y profundiza diferencias entre la sociedad.
Los datos recientes de los más de 346 mil desempleados durante el periodo del coronavirus, que informó la Secretaría del Trabajo, ya mostraron las nefastas repercusiones en los hogares mexicanos, además de que una buena parte afectó a mujeres y agravó la vulnerabilidad de muchas familias.
La percepción social ya es de un futuro en tinieblas.
Ahora, pensemos lo que puede significar para las familias de la alta burocracia federal a la que se les reducirán sus percepciones y se les cancelarán sus derechos.
De entrada, la imagen general es de violación de garantías constitucionales, lo que es una grave señal. Además de que esa medida desestimulará la productividad y la capacidad de la administración pública para hacer frente a la recuperación, una vez superada la emergencia. Ahora que, económicamente, será una decisión insignificante para la magnitud del problema porque el destino de esos recursos se destinará a obras cuyos efectos no serán inmediatos ni alcanzarán para impulsar las necesidades del país.
Contrario al discurso gubernamental, la experiencia muestra que en todas las crisis y bajo cualquier esquema de gobierno los recortes de personal y de salarios, siempre distorsionan la función pública porque no se modifican los incentivos políticos y burocráticos sustanciales, sino que contribuyen a deformar la relación con el resto de la ciudadanía.
La inexistencia de una estrategia pública para responder la emergencia en el corto, mediano y largo plazo, ha favorecido el desánimo de los factores de la producción y del sector medio de la sociedad, que ve a las autoridades distantes de la realidad.
Esa distancia puede dificultar la recuperación en momentos en que el país requiere la unidad de toda la población y de instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de todas las familias, sin distinciones.
@lusacevedop