Opinión|José Luis Camacho Acevedo

Paradigmas en el sindicalismo mexicano

José Luis Camacho Acevedo

Al estilo del viejo PRI, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) se alineó al gobierno lopezobradorista y se comprometió a hacer cumplir sus políticas públicas.

Durante el 10 Congreso Nacional de la CATEM, el presidente de esta organización sindical y senador de Morena, Pedro Haces, expresó: “Señor presidente, no tenga usted la menor duda de que las y los trabajadores de Catem son sus aliados permanentes, para transformar la vida laboral de México, el presidente López Obrador no está solo, estamos con él”.

Una asignatura que se fijó el presidente López Obrador fue la de lograr un cambio de paradigmas en el sindicalismo mexicano.

Eliminar el charrismo, el clientelismo y la corrupción en las organizaciones obreras del país es la meta que en materia laboral se fijó el gobierno de la Cuarta Transformación.

Pero el evento de la CATEM, es una clara señal de que ese cambio de paradigmas no se dará tan fácilmente y AMLO, que no tiene operadores ni experimentados ni confiables en ese tema, por ello recurre a viejos perfiles como Napoleón Gómez Urrutia o Pedro Haces.

Acompañan a Napoleón y al líder Haces en la nueva cartelera del sindicalismo de la Cuarta Transformación Reyes Soberanis de la COR (Confederación Obrera Revolucionaria) y Abel Domínguez de la CTC, (Confederación de Trabajadores y Campesinos).

Napoleón Gómez Urrutia durante los largos años que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto lo mantuvieron en su exilio canadiense, logró consolidar sus alianzas con organizaciones laborales como la poderosa AFL-CIO así como con las corrientes sindicalistas más importantes de Canadá y los laboristas de la Gran Bretaña.

Los que han puesto sus barbas a remojar ante este escenario son Carlos Aceves del Olmo de la CTM, la CROC de Isaías González y el minero que va en caída libre Tereso Medina.

La disputa por las banderas laborales será, pese al padrinazgo de López Obrador al proyecto de Gómez Urrutia, muy cerrada y decidida a vencer o morir.

Pugnar por mejoras salariales, participación de utilidades, reglamentación de esquemas como el outsourcing, el rechazo a los contratos de protección y la reivindicación de una democracia sindical genuina, serán algunos de los objetivos de la batalla que se avecina en el mundo del sindicalismo nacional.

Pues sin duda que se avecina la apertura de otro frente de conflicto en la ya complicada trama de intereses en las que la Cuarta Transformación navega contando como principal activo las conferencias mañaneras de López Obrador, aunque en los últimos días en estos encuentros con los periodistas el tema de los feminicidios ha ganado terreno y dominado la agenda nacional.

Y la verdad es que ese circo cotidiano no basta para darle una conducción política firme a un país tan complejo como el nuestro.

EN TIEMPO REAL

1.- Este martes inició en la Cámara de Diputados el proceso de inscripción de los aspirantes a ocupar las cuatro vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El académico Luis Miguel Pérez Juárez fue el primer aspirante en solicitar su registro y tras entregar la documentación requerida confió en que tendrá suerte por ser el número uno en el proceso.

Por su parte, la Coparmex insistió en la importancia para la democracia del país de que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación del INE sean independientes y no tengan conflicto de interés.

2.- Hace unos días, rindió su cuarto Informe al frente de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Dr. Raúl Contreras Bustamante, ante la presencia del Rector de la UNAM, Enrique Graue, el Secretario General, Leonardo Lomelí y una comunidad entusiasmada y contenta por los logros de su gestión en este periodo.

3.- Ante la emergencia nacional feminicida.

La Cámara de Diputados aprobó incrementar a 65 años la pena máxima de prisión para los delitos de feminicidio y abuso sexual.

Para tal efecto, los diputados modificaron un dictamen que reforma el Código Penal Federal para aumentar, de 60 a 65 años, la pena máxima de prisión para quien cometa el delito de feminicidio, y establecer la mínima en 45 años, en lugar de 40.