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QUERÉTARO, Qro., 17 de febrero de 2019.- El secretario de Educación del estado de Querétaro, José Alfredo Botello Montes acudió a la Cámara de Diputados donde presentó un pronunciamiento, dentro los encuentros de audiencias públicas de las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales en la cámara baja del Congreso de la Unión y donde participaron organismos educativos públicos y autoridades educativas estatales y federales.
Estas audiencias públicas con el fin de enriquecer la iniciativa del titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y que busca realizar reformas constitucionales en materia educativa a los artículos 3ro, 31 y 73 de la Carta Magna.
En este sentido el titular del sector educativo en la entidad puntualizó que el artículo 3ro Constitucional ha sufrido 10 reformas, para llegar a su conformación actual, la reforma de 1934, dijo transformó integralmente la redacción del artículo tercero y a partir de ésta, las reformas han venido adaptando el artículo mediante reforma, adición o supresión de párrafos.
Por lo que consideró que cada reforma ha representado un parche a la redacción de la norma, en ocasiones con acierto y en otras no, explicó.
“Esta nueva iniciativa del Ejecutivo así como la de los legisladores, aportan elementos que deben considerarse con toda seriedad. Propongo que la reforma se haga redactando el artículo en su integralidad, cuidando de no perder los avances logrados e incluyendo los elementos de transformación necesarios para el desarrollo de esta garantía constitucional”.
Por lo que detalló seis elementos que deben conformar el derecho a la educación 1. El Derecho a la educación; 2. La Definición de la naturaleza de la educación como garantía; 3. La obligación del Estado de impartir educación en todos los niveles; 4. El Establecimiento de un mecanismo de garantía de la calidad educativa; 5. Un sistema para el desarrollo profesional de los docentes como agentes del efecto transformador de la educación, y el reconocimiento del derecho al desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica, y al fortalecimiento y difusión de la cultura.
Consideró que la educación debe fomentar el civismo, el amor a la Patria, y la cultura de paz, como consideración sumamente necesaria y urgente, lo cual resulta evidente con la simple observación de la problemática social por la que atraviesa el pueblo de México, y se debe conservar también la obligación de fomentar la conciencia en la solidaridad internacional.
Asimismo, dijo, la educación debe ser integral, intercultural sin perder la identidad que nos caracteriza. Y debe seguir basada en el progreso de la ciencia y continuar siendo laica, democrática, nacional y de calidad, en los términos de la redacción vigente y reconocerse como solidaria, equitativa e incluyente, de manera que llegue a todos en la justa medida, obligando al Estado a establecer las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación a todas las personas, así como la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos, precisó.
Ante los diputados, puntualizó que el primer párrafo y la fracción VI, delimitan la obligación del Estado que conviene redactar en forma compactada en la conformación del nuevo artículo 3º, dijo.
“No comparto la idea de que la educación superior sea obligatoria como lo propone el Ejecutivo en su iniciativa. La educación obligatoria es una disposición que caracteriza a las sociedades modernas, es un proyecto social reconocido como derecho universal que encierra la posibilidad de dignificar al ser humano, al tiempo que contribuye a la mejora de la sociedad. La obligatoriedad de la educación es una creación social cuya aspiración está relacionada con la idea de progreso individual y colectivo, material y espiritual; tiene un sentido emancipador para todos los que concurren a ella. El propósito de la obligatoriedad implica la existencia de un bagaje de conocimientos al que todos deben acceder. La educación básica y media superior cumplen con este objetivo”.
Continuó: “La educación superior, como etapa terminal del proceso de aprendizaje académico, es para aquellos que, con la capacidad suficiente y el interés específico, deciden especializarse en algún área del conocimiento, en la mayoría de los casos para su desempeño profesional. Cuando se pretende que la educación superior sea obligatoria, se pierde el propósito de la misma, y esto evidentemente no resulta pertinente”.
También el funcionario manifestó que debe conservarse la fracción VII vigente, preservando las disposiciones relativas a la educación superior haciendo especial énfasis en la autonomía de las universidades, logro de libertad, que preserva entre otras la de cátedra e investigación y libre examen y discusión de las ideas.
Asimismo, se pronunció en que debe darse continuidad a la existencia de un órgano que sea responsable de la preservación y mejora continua de la calidad educativa y ser autónomo, característica indispensable para que se mantenga centrado en su objeto y ajeno a los devenires políticos y administrativos, dijo y debe tener la mayoría de las características que hoy se establecen en la fracción IX de la disposición vigente y encargarse de la evaluación de los componentes y resultados del sistema educativo nacional, específicamente los de la educación inicial, básica y media superior, con criterios de transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, puntualizó.
También dijo, conviene retomar la propuesta de la iniciativa del Ejecutivo de reconocer a los maestros como agentes primordiales del impacto transformador de la educación, ya que el proceso educativo no es un hecho unilateral, requiere del sano funcionamiento de una comunidad educativa en la que los educandos sean el objetivo material del proceso, los padres, responsables de la formación, son coadyuvantes en el proceso y los docentes el agente primordial del impacto transformador de la educación.
Botello Montes expresó que el establecimiento de un Servicio de Carrera del Magisterio a cargo de la federación, debe reconsiderarse pues no es el único orden de gobierno responsable de impartir educación, esta responsabilidad es compartida con las entidades federativas y los municipios, por lo que todos debemos estar obligados a coordinarnos para establecer un sistema de desarrollo profesional magisterial, que tenga como objetivo favorecer la calidad y equidad educativa y el desempeño académico de los educandos, dijo.
“El último de los elementos que considero deben conformar a la garantía constitucional que nos ocupa es el reconocimiento del derecho al desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica, y al fortalecimiento y difusión de la cultura.
Ciudadanos diputados y diputadas, necesitamos una reforma constitucional sustantiva, que nos permita enfrentar el futuro en términos de fortaleza creciente”, finalizó.
El secretario de Educación Estatal hizo entrega a los Diputados integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la Unión una propuesta de redacción integral del artículo 3ro constitucional.