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QUERÉTARO, Qro., 21 de junio de 2016.- La Secretaría de la Contraloría en el Estado investiga a 97 ex funcionarios públicos por estar supuestamente involucrados con diversas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal, informó el titular de la dependencia, Alejandro López Franco.
«Dejemos claro que no se trata de una cacería de brujas, simplemente se trata de identificar a aquellos puntos donde hubiera habido responsabilidades para que esto nos permita el dar seguimiento a las mismas y cuando se determine que hay una responsabilidad poder llegar a obtener tanto la sanción administrativa que puede ser una resarcitoria, o incluso determinar si hay un posible delito y estaremos obligados a hacer la presentación», sostuvo.
Detalló que 16 ex servidores públicos son investigados por cuatro casos: alteración y manipulación de base de datos en el cobro de algunos derechos y multas; por la venta ilegal de inmuebles; por jubilaciones sin reunir los elementos necesarios para las mismas; y por la operación ilegal, con documentación falsa de dos gasolineras, una ubicada en Felipe Angeles y otra más en un predio del municipio de Corregidora; en estos casos, se reportó de un daño al erario público de 14 millones de pesos.
Asimismo, 11 ex funcionarios por estar supuestamente involucrados por compras irregulares en una dependencia por 39 millones de pesos; señaló que están por presentar la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
De igual forma, son investigados 20 ex servidores por una omisión en el cobro de derechos en algunas de las dependencias, que generó un posible daño al erario público de 640 millones de pesos; y 50 ex funcionarios públicos más involucrados en 24 procedimientos que abrió la Secretaría en este mes.
«24 procedimientos de diferentes aspectos que nos dan un total a resarcir de 14.9 millones de pesos y 50 ex servidores involucrados más (…) en los casos que tenemos presentación ante la Fiscalía son los cuatro casos que inicialmente les comentábamos y seguramente de la falta de derechos estaremos pronto integrando también el expediente para darle vista a la Fiscalía», añadió.
El secretario de la Contraloría en el Estado recordó que tarda tres meses un proceso de auditoría, desde que inicia hasta que concluye, para dar vista al área jurídica. Después de ese tiempo, el procedimiento puede resolverse en un año nueve meses.