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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril de 2016.- En el dictamen que se discutirá en comisiones del Senado sobre la Ley de la Tortura fija como delitos la tortura y trato cruel, inhumano y degradante, hasta con 20 años de prisión.
En comisiones –de los Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos– se discutirá este jueves la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Para el delito de tortura, los senadores precisan para un servidor público que “con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin”.
Por este tipo de acciones se sancionaría con una pena de cárcel 10 y hasta 20 años así como un multa de 500 a mil días. La pena se podrá incrementar en 50 por ciento adicional si la víctima es “un niño o adolescente; una mujer gestante; persona con discapacidad; adulto mayor o si la víctima es sometida a violencia sexual”.
Para el caso de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se establece, “al servidor público que en el ejercicio de su encargo como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta 200 días de multa”.
Se señala que también comete el delito de tortura el particular que: “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público cometa alguna de las conductas para causar dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento”.
Por estas acciones, se le impondrían panas de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa y también las penas se incrementarán en un 50 por ciento si la víctima es menor de edad; mujer gestante; una persona con discapacidad; adulto mayor o fue sometida a violencia sexual.