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Francisco Domínguez Servién, asistió a la ceremonia de promulgación de la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, que encabezó Enrique Peña Nieto.
QUERÉTARO, Qro., 28 de abril de 2016.- El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, asistió a la ceremonia de promulgación de la Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, que encabezó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional.
Dicha Ley responde a las exigencias de la población en cuanto al uso responsable de los recursos públicos, pues dará sustentabilidad y orden a las finanzas estatales y municipales; las reglas que establece este nuevo marco jurídico entrarán en vigor para los estados a partir del 1 de enero de 2017, y en el caso de municipios y organismos descentralizados a partir del 1 de enero de 2018.
En rueda de prensa posterior a la ceremonia de promulgación, Domínguez Servién señaló que la Ley contempla: la regla de balance presupuestario de recursos disponibles; fija un tope a servicios personales del 3 por ciento real; establece que las leyes de ingresos y presupuesto deberán incluir riesgos para las finanzas, estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores y proyecciones a 5 años.
También, dicta que en el caso de los ingresos excedentes, éstos podrán utilizarse para cubrir balances presupuestarios negativos hasta el 2022 y para gasto corriente hasta 2018; abarca, además, el registro de deuda, sistema de alertas, límite a techos de financiamiento y Deuda Estatal Garantizada por la Federación.
En este sentido, el gobernador subrayó que el trabajo en la materia en la entidad se viene realizando con anticipación, pues el 31 de enero de este año fue aprobada –a propuesta del Ejecutivo estatal- la Nueva Ley de responsabilidad de los servidores públicos del estado de Querétaro, y publicada el 1 de abril, la cual tendrá que armonizarse con la Ley federal recién promulgada.
La Ley de responsabilidad de los servidores públicos del estado, entre otras cosas, obliga a los funcionarios a presentar su declaración patrimonial y de intereses; establece un marco legal para realizar la denuncia anónima; incrementa el plazo para iniciar procedimientos de responsabilidad, de 1 a 3 años en casos disciplinarios, y de 5 a 7 años en resarcitorios.
“Es un instrumento que nos permitirá inhibir actos de corrupción y combatir la impunidad, dando mayor autonomía a los órganos internos de control. Evita ambigüedades legales, indicando de una manera más clara y precisa, las responsabilidades administrativas y legales en que podemos incurrir los servidores públicos”, manifestó el mandatario.
En este sentido, Domínguez Servién recordó que su administración hizo un fuerte ajuste presupuestal a fin de garantizar una gestión pública eficaz, eficiente, transparente y austera, de tal forma que redujo su presupuesto en un 10.1 por ciento; en el caso de la Legislatura en un 15 por ciento; el de órganos auxiliares, en un 8.5 por ciento; y el de poderes y autónomos en un 4.9 por ciento.
Asimismo, reiteró que se adecuará la legislación local y se promoverá una mayor corresponsabilidad ciudadana buscando crear una cultura en la que se fortalezca la honestidad, la legalidad y se cierren espacios a todo tipo de corrupción.
“La adecuada instrumentación de estas reformas ejecutivas va más allá del orden jurídico: es un instrumento de voluntad”, refirió el gobernador.