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Por la falta de provisión en el trámite que buscó realizar un ciudadano ante el fallecimiento de su familiar para recuperar los derechos de unas placas de taxi.
QUERÉTARO, Qro., 26 de abril de 2016.- Miguel Nava Alvarado, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el estado de Querétaro, presentó recomendaciones a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad, Instituto Queretano del Transporte (IQT) así como la Secretaría de Planeación y Finanzas por la falta de provisión en el trámite que buscó realizar un ciudadano ante el fallecimiento de su familiar para recuperar los derechos de un juego de placas para taxi.
De acuerdo con el ombudsman queretano, las autoridades estatales fueron omisas durante el proceso de sustitución de titularidad de unas placas de taxi, ya que el cónyuge de la denunciante perdió la vida en un accidente, sin embargo, por una sentencia del Juzgado Quinto Familiar no se pudo cumplir esta solicitud, pese a que durante el dictamen del Instituto Queretano de Transporte (IQT) se había avalado la solicitud.
Derivado de está sentenciado el IQT giró a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas un documento para negar el trámite a la víctima, por lo cual desde el 2015 no se han podido usar las placas para realizar el servicio de taxi.
Asimismo la víctima amplía su queja para incluir a dos agentes de ministerio público por dilación e irregular integración en las carpetas de investigación correspondientes, así como la falsificación y uso indebido de documentos.
Ante estas irregularidades presentadas por los servidores públicos de las tres dependencias estatales, el ombudsman recomendó al gobernador que instruya al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas para agilizar el trámite de la entrega de las placas; asimismo para que el titular de la PGJ inicie el procedimiento de reparación del daño y que vigile la acciones de la Visitaduria a su cargo; mientras que al Secretario de Gobierno se le instruya para que inicie los trámites de responsabilidad en contra de todos los funcionarios públicos que no realizaron su trabajo.
En este sentido, el titular de la DDH aseguró que pese a que las autoridades estatales han aceptado sus recomendaciones nunca han sancionado a los funcionarios públicos responsables de estas omisiones, por lo que los calificó de omisos e impunes.