Desaparición de los 43; aniversario sin respuestas

Analistas y observadores dicen que la “verdad histórica” mostró incapacidad o falta de voluntad del Estado mexicano para impartir justicia

QUERÉTARO., Qro., 26 de septiembre de 2015.- José Luis Abarca, alcalde de Iguala depuesto y hoy preso acusado por delincuencia organizada, homicidio y secuestro, es el servidor público de mayor jerarquía inculpado por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), menciona que durante las casi tres horas que duraron los ataques, representantes de los tres niveles de gobierno tuvieron información sobre los hechos, publica este sábado SinEmbargo, a un año de registrado el caso.

Una de las principales fuentes, de acuerdo con el documento ‘Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas en Ayotzinapa’, fue el Centro de Control de la Policía Estatal, lugar que describe cómo “una estructura de coordinación y comunicación en la que están presentes representantes de la Policía Estatal, la Policía Federal, la Policía Municipal y el Ejército” y que, esa noche, dice el reporte, estuvo operando, recibiendo reportes y, en gran medida, llamadas que pedían “ayuda” para la población.

Desde las 17:59 horas de ese día, dice el documento, el C-4 de Chilpancingo reportó vía telefónica a la Policía Estatal con sede en Iguala sobre la salida hacia esa ciudad de dos autobuses Estrella de Oro con estudiantes normalistas, los cuales realizarían actividades de boteo y de toma de camiones previas a la marcha del 2 de Octubre a la Ciudad de México; actividades, dice el reporte, que fueron también monitoreadas por el C-4 de Iguala.

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