Prorrogan sentencia sobre caso La Laborcilla

QERÉTARO, Qro., 27 mayo 2014.-Hasta ocho meses más podría tardarse el proceso judicial que se le sigue a 31 personas detenidas y señaladas como presuntamente estar vinculadas con el homicidio de un hombre el año pasado en la comunidad La Laborcilla en el municipio de El Marqués.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Septién Olivares, informó que continúan en el desahogo de pruebas para poder determinar al presunto responsable del delito de homicidio calificado.

Mientras ocurren las diversas diligencias, las 31 personas no podrán salir bajo fianza.

En la víspera, familiares de los hombres que habían sido contratados como guardias de seguridad para custodiar un predio en las inmediaciones de El Campanario, dicen que el proceso está lleno de irregularidades.

Carolina Rodríguez Gutiérrez, esposa de Luis Alberto Reyes Vargas, quien fue contratado junto con otras 32 personas (dos de ellos menores de edad) para cuidar un predio ubicado en el Fraccionamiento El Campanario, dijo que desde hace 11 meses [junio de 2013] que su pareja no regresa a casa, ya que se encuentra recluido en el Cereso de Querétaro debido al conflicto en el que se vio involucrado; asegura que sin conocer de leyes, ha detectado los vicios en el proceso legal que enfrenta Reyes Vargas.

La muestra está en que la prueba de absorción atómica practicada a los detenidos para saber si alguno de ellos accionó el arma de fuego que privó de la vida a una persona, fue practicada por un médico veterinario y no por un perito forense, reportó en su momento Milenio.

“La prueba así es, fue realizada por un médico veterinario y no se las practicaron a todos, 31 dieron negativo, entonces, por qué esas dos personas no están detenidas si ellos no dieron positivo a la prueba”, denunció Carolina Rodríguez, quien asegura que además los han sometido a tortura física y psicológica por parte de la Procuraduría de dicho estado.

“Les ponían pistolas en la cabeza para que ellos declararan y firmaran declaraciones que nunca hicieron y nunca dijeron. Cuando yo lo visité la primera vez sí estaba golpeado”.

En cinco ocasiones el juez que lleva el caso ha pospuesto sin motivo aparente la fecha para emitir la sentencia: “Fue en junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y fue hasta el último día que tenían ellos para decir si procedía el amparo y les dijeron que no”.

Pero las malas prácticas no sólo están en el proceso legal que enfrentan los 31 aprehendidos, sino también en contra de sus familias, ya que presuntamente el gobierno queretano ha violado sus derechos humanos a través de los funcionarios públicos que trabajan en el centro preventivo donde están internados los guardias de seguridad privada.

“A ellos y a nosotros nos han discriminado por ser de Jalisco, nos dicen rancheros y hasta nosotros mismos cuando vamos al Cefereso nos tratan mal. Para empezar nos desnudan completamente, luego nos prohíben entrar con algunas ropas, y vemos a otras personas que entran con todo tipo de ropa. Una vez nos dijeron que teníamos piojos y nos prohibieron pasar”, narró Carolina Rodríguez Gutiérrez.

Dijo que el predio que es reclamado por el gobierno del estado de Querétaro, el presidente municipal de El Marqués, la familia Leaño y los ejidatarios.