Investigan a funcionarios de Costa Rica por caso de pornografía infantil

CULIACÁN, Sin., 7 de marzo de 2025.- El gobierno de Costa Rica a través de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción inició una investigación penal contra tres funcionarios del Órgano de Investigación Judicial (OIJ) por presuntamente realizar maniobras ilegales para encubrir y desviar una indagación en un caso vinculado a la operación de una red de pornografía infantil entre Costa Rica y México.

Se indicó en un comunicado que a solicitud de uno de los acusados y afectado por las presuntas maniobras ilegales de los investigadores, el mexicano Julio Marcio N, la citada fiscalía inició la causa 23-000453-1218-PE, contra los investigadores costarricenses Rodrigo Picado Mena y Óscar Zamora Rodríguez, así como contra la fiscal auxiliar, Angie Trejos Vargas.

Los tres funcionarios acusados de ser encontrados responsables, podrían enfrentar un proceso penal, luego de que en un primer momento el OIJ desechó por prescripción la posibilidad de imponer medidas disciplinarias a los investigadores.

De acuerdo con la denuncia presentada por el mexicano Julio Marcio ante el Centro de Información Confidencial del OIJ y que fue turnada y registrada bajo el expediente 23-000854-1819-DI por el Tribunal de Inspección Judicial, los tres acusados supuestamente encubrieron la participación en una red de producción de pornografía infantil de un hombre identificado como Andrés Mora Portuguez.

El caso de la presunta red de producción de pornografía infantil data de mayo de 2015, cuando las autoridades del OIJ conocieron que menores de edad eran reclutadas por una agencia de modelaje en barrios pobres de la capital costarricense bajo el gancho de convertirse en exitosas modelos, pero que de acuerdo a las investigaciones en realidad eran usadas para la producción de material de pornografía infantil.

Las investigaciones en Costa Rica perfilaron a nueve sospechosos y de ellos sólo dos fueron encontrados culpables en ese país, pero las mayores secuelas del caso se produjeron fuera de las fronteras del país tico porque las pesquisas se dirigieron hacia México donde supuestamente operaban los líderes de la red internacional de pornografía infantil y en territorio mexicano se detuvo a siete personas.

La querella contra los tres funcionarios judiciales de Costa Rica menciona que la investigación fue desviada, negligente y entorpecida presuntamente de forma dolosa por los responsables de ésta, lo que permitió la supuesta impunidad de varios de los involucrados con la agencia de modelaje que reclutaba en Costa Rica a las menores para producir supuestamente pornografía infantil.

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