CUERNAVACA, Mor, 22 de enero 2014.- En 1994, Edgar Tamayo emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano, jamás imaginó que su historia terminaría como se ha anunciado que acabará este miércoles en Texas.
Al ser detenido por policías de Houston, el oriundo de Miacatlán, según consta en las denuncias, sacó un arma de entre sus ropas y pese a tener las manos esposadas disparó en un par de ocasiones a la cabeza del oficial que estaba frente a él causándole la muerte. No hay delito más penado en Texas y Estados Unidos que atacar a un oficial. Edgar fue juzgado y sentenciado a la pena capital por este hecho.
El abogado que entonces lo representaba no logró convencer al juez de que en la detención de su cliente, no se le dijo que tenía derecho a pedir ayuda consular a los representantes de su país, a un traductor, ya que en ese momento no hablaba inglés, además de presentar un moderado retraso mental. Su actual abogada Sandra Babcock del Center for International Human Rights ha declarado que esas serían causales suficientes para pedir la anulación de la pena de muerte, sin embargo no ha sido escuchada.
El caso Tamayo llegó a la Corte Internacional de La Haya junto con los de otros 50 mexicanos procesados en Estados Unidos y fueron integrados en el Caso Avena en el cual se clama por la nulidad de la pena capital, por los deseos de los juicios en materia de derechos humanos. Pese a ello, dos mexicanos fueron ejecutados, José Ernesto Medellín y Humberto Leal, en 2008 y 2011, respectivamente. Ante la cercanía del terrible acontecimiento, decenas de organizaciones mexicanas e internacionales comenzaron a enviar misivas con miles de firmas a Rick Perry, gobernador de Texas para que indulte al mexicano pero ninguna ha sido escuchada por el hombre que en algún momento sentenció: «… El que va a otro lugar y quebranta las leyes, merece el castigo correspondiente…».
De acuerdo a lo cual, de no ocurrir nada extraordinario será castigado por su falta este miércoles. Edgar Tamayo en una última misiva externa la tristeza que lo embarga por la inevitabilidad del castigo que le espera, la indolencia del gobierno mexicano y la soberbia y cerrazón de las autoridades estadounidenses. Acude a los amigos que lo han acompañado en los últimos 20 años en los que ha permanecido en la prisión de Livingston para que sean ellos quienes se encarguen de llevar su cuerpo a su natal Miacatlán para descansar entre los suyos.
Momentáneamente ha sido retrasada su ejecución pues su Defensa presentó una apelación a la SCJ de Estados Unidos, por lo que aún no se le ha aplicado la inyección letal.